Written by El gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) se comprometió con la continuación de la implementación de la agenda neoliberal en Brasil. Esta agenda propuesta por el Consenso de Washington en 1989 orientó ajustes en las políticas económicas de los “países en desarrollo”. Entre las diez reglas señaladas por el Consenso de Washington estaban la “privatización de empresas estatales” y la “inversión extranjera directa, con eliminación de restricciones”. Estas medidas ya habían sido seguidas por gobiernos anteriores como Fernando Collor de Mello (1990-1992) e Itamar Franco (1992-1995). Sin embargo, en la administración de la FHC estas prácticas se siguieron con más rigor. Entre 1991 y 2002 se privatizaron 165 empresas estatales.
La privatización de empresas estatales y la entrada de capital extranjero al país marcaron, principalmente, el primer mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). Para regular el proceso de “privatización de las empresas estatales”, en 1997 se creó la Ley 9.491, que modificó los procedimientos del Plan Nacional de Privatización (PND). La Ley esboza seis objetivos fundamentales del PND, entre los que se encuentran la reducción de la deuda pública neta, la modernización del parque industrial del país y el fortalecimiento del mercado de capitales. La ley del PND señaló las principales prácticas que reducirían la intervención del Estado en la economía del país, posibilitando la declaración de Fernando Henrique Cardoso de que pondría fin a la Era Vargas, este paquete también incluía la flexibilización de las leyes laborales y la reducción de derechos de los trabajadores. .
Es habitual en los procesos de privatización que las empresas estatales se vendan por valores muy por debajo de lo que valían. En 1997, Vale do Rio Doce fue vendido por R$ 3,3 mil millones, a pesar de tener ingresos anuales de R$ 2 mil millones en extracción de mineral. En 1998, Embratel fue subastada por 8,8 mil millones, a pesar de que el gobierno había invertido R$ 21 mil millones en el sector poco antes de la venta. En 1993, Companhia Siderúrgica Nacional fue pagada principalmente con títulos de deuda pública, por R$ 1,05 mil millones, la mitad del valor estimado de la empresa.
Otra práctica común en el proceso de privatización de empresas estatales fue el pago de empresas con títulos de deuda pública ilíquidos, es decir, títulos negociados en el mercado con un gran descuento en relación con el valor asignado a los títulos. Además de los irrisorios valores por los que se vendían las empresas estatales, reduciendo considerablemente el patrimonio nacional, la recepción de monedas con valores depreciados en el mercado incrementó aún más las pérdidas estatales.
El objetivo de reducir la deuda pública con la privatización de las empresas estatales no se logró, por el contrario, hubo incluso un aumento de la deuda interna y de la deuda externa. La deuda interna se generó principalmente por la recepción de monedas malas y la pérdida de dividendos que dejaron de obtener estas empresas; y la deuda externa se acumuló con préstamos externos para financiar la compra de empresas estatales por parte del sector privado. En Brasil, la deuda pública, que en 1994 era de R$ 153,2 mil millones, pasó a R$ 850 mil millones al final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (2002).
Los sectores más afectados por la privatización fueron las telecomunicaciones, la distribución de electricidad, las finanzas, el transporte, las carreteras y la minería. El gobierno trató de justificar la privatización de empresas de estos sectores con la promesa de reducir tarifas y modernizar los servicios. También se argumentó que la gestión pública de estas empresas no generaba ganancias para el Estado, sin embargo, muchas empresas estatales, que se decía que generaban pérdidas, se vendieron con dinero en efectivo. Estos fueron los casos, por ejemplo, de Telesp (R$ 1 mil millones en efectivo) y Vale do Rio Doce (R$ 700 millones en efectivo).
A pesar de estas expectativas generadas por el discurso pro privatizador, las tarifas aumentaron y los servicios se mantuvieron precarios. El Estado pagó las deudas laborales generadas por el despido de empleados, además de otros cobros, y las empresas que compraron las estatales se beneficiaron de los altos reajustes tarifarios realizados a toda prisa en momentos cercanos a las subastas. Estos fueron los casos de las empresas Fepasa (ferrocarril) y Luz (electricidad). El gobierno pagó las deudas laborales de más de diez mil trabajadores despedidos de Fepasa; y, días antes de la subasta de Luz, las tarifas eléctricas aumentaron un 58% para los consumidores.
Las prácticas neoliberales propuestas por el Consenso de Washington generaron un aumento de la pobreza, precios elevados, altas tasas de desempleo y pérdida de derechos de los trabajadores en los países latinoamericanos. La privatización de empresas estatales aumentó el endeudamiento de estos países y contribuyó al empobrecimiento de la población, que tuvo que pagar mayores tarifas cobradas por los servicios. En Brasil, se perpetuó la implementación de la cartilla neoliberal y continuaron los procesos de privatización y concesiones a empresas privadas en los gobiernos presidenciales de Lula, Dilma y Temer. Actualmente, el gobierno de Jair Bolsonaro pretende enfatizar la política de privatización, vendiendo diecisiete empresas estatales al sector privado, entre las que se encuentran Correios, Eletrobrás y Casa da Moeda.
Referencias:
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